Derechos y salud mental: hacia la capacidad jurídica universal

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 450 millones de personas en el mundo que tienen un problema de salud mental que dificulta significativamente su vida. Estas personas necesitan una atención adecuada, además de las garantías necesarias para el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Por ello, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó en 2006 la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (más conocida como Convención de Nueva York).

La Convención se propone que las personas con discapacidad, entre las que incluye a algunas personas con un problema grave y a largo plazo de su salud mental, tengan todos los derechos y todas las libertades, que sean respetadas como las demás personas y participen plenamente en la sociedad. Se rige por el respeto a la independencia de las personas, su libertad para tomar sus propias decisiones, la conciencia de la importancia de la perspectiva de género y el pleno desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas con discapacidad. La Convención plantea la necesidad de una nueva mirada sobre la discapacidad, exigiendo los cambios necesarios para superar las barreras sociales que interactúan con la deficiencia individual.

Los diferentes Estados que han ratificado la Convención, como es el caso de España, están adaptando su ordenamiento jurídico para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, sea ésta originada en una dificultad física, psíquica o sensorial. En este sentido, actualmente se están realizando modificaciones en las leyes que regulan la capacidad jurídica de estas personas, suponiendo nuevos retos para su implementación en las organizaciones y servicios, así como en la propia vida cotidiana de las personas. Será de esta capacidad jurídica universal que hablaremos en el encuentro digital.