COVID-19: la crisis social que justo comienza
Sabemos perfectamente qué sucederá. Las entidades del tercer sector conocemos muy bien cuáles son las consecuencias sociales de una crisis porque la última la vivimos hace pocos años.
Sus efectos aún son bien vivibles: un mercado laboral de mala calidad, que no garantiza que tener trabajo sea sinónimo de evitar una situación de pobreza, y una emergencia habitacional que impide el acceso a una vivienda digna y asequible.
Mientras parece que el final de la crisis sanitaria se acerca, aunque sea despacio, la social está aún muy lejos de solucionarse porque ni siquiera hemos llegado al pico máximo. Por ello, somos conscientes que el trabajo de las entidades sociales seguirá siendo esencial, como lo ha sido durante este primer año de pandemia.
El sector social se vuelca en paliar las consecuencias de la COVID-19 en las personas sin hogar
Han sido doce meses muy duros para todos, también para el tercer sector. Al inicio, ni siquiera teníamos ni el material de protección necesario para que los y las profesionales (la mayoría mujeres) pudieran seguir atendiendo, acompañando y ofreciendo apoyo a las personas de todas las edades y condiciones: gente mayor, niños y niñas, personas con discapacidad, con trastorno de salud mental, personas sin hogar o con problemas de adicciones.
No fuimos una prioridad para la administración, pese a que hemos sido la red de protección social para miles de personas durante estos meses y no hemos «bajado la persiana» en ningún momento.
Una vez más, se ha demostrado porqué reivindicamos que somos y hacemos un servicio público. De una forma u otra, las entidades sociales hemos sido capaces de readaptar y reinventar servicios y apoyos para dar respuesta rápida a las necesidades agravadas por la COVID-19, haciendo lo imposible para asumir los gastos extras derivados del coronavirus.
Lo demuestran las 800.000 personas que las entidades sociales centradas en la emergencia social han atendido durante el 2020 para cubrir, sobre todo, necesidades tan básicas como la alimentación (se han triplicado las peticiones de ayuda) y la vivienda (con el doble de peticiones).
Con la pandemia hemos perdido muchas cosas, entre las cuales, derechos y oportunidades.
Sin duda, el coronavirus ha supuesto un retroceso de derechos y ha dinamitado una parte importante de todo aquello que habíamos conseguido ganar en décadas a favor de la igualdad y la cohesión social y que suponían un avance hacia el empoderamiento y la autonomía de las personas. Ahora, la prioridad es recuperarlo.
La dureza de esta crisis es palpable. El 30% de las personas que han acudido a una entidad social en este último año no lo habían hecho nunca antes.
El coronavirus se ha cebado en aquellas personas que ya estaban en una situación de pobreza y de exclusión social, pero también ha golpeado a muchas otras que han perdido su trabajo, tanto en la economía formal como informal, y que se han quedado, de golpe, sin ningún ingreso, en especial mujeres, jóvenes y personas migradas, con discapacidad o con trastorno de salud mental.
José Leal Rubio
En los próximos meses, este impacto crecerá exponencialmente cuando desaparezcan las medidas del llamado escudo de protección social. Los ERTO, las moratorias de las cuotas de las hipotecas o de los alquileres están conteniendo las consecuencias de la pandemia.
Cuando se levanten estas medidas, será cuando se empiece a ver el alcance real. Pero también será cuando las administraciones deberán estar preparadas para afrontarlo con políticas sociales que refuercen la red de derechos y protección social, muy tocada por los recortes y la austeridad de los últimos años y para incrementar los recursos que permitan equiparar los servicios sociales a otros pilares fundamentales del estado del bienestar.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de la salida de esta crisis sin precedentes. Las decisiones que se tomen, en forma de políticas y recursos, marcarán el futuro de las personas más vulnerables.
Teléfono de la Esperanza 93 414 48 48
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