Las personas con problemas de salud mental tienen derecho a…

Las personas con problemas de salud mental a menudo ven que algunos de sus derechos fundamentales son amenazados o vulnerados. Algunos de estos derechos son: 

Derecho a la igualdad y a la no discriminación

Todas las personas tienen derecho a recibir un trato igualitario y a no ser discriminadas.

La discriminación y las vulneraciones de derechos generan un sufrimiento a la persona que puede ser causa de problemas de salud mental (determinantes sociales), a la vez que tener un problema de salud mental es una fuente de discriminación. 

Esta discriminación puede darse en todos los ámbitos de la vida diaria: laboral, educativo, asistencial y lúdico, entre otros. 

La discriminación, el estigma y el autoestigma son obstáculos muy importantes en la recuperación de la persona. 

Además, hay personas que son doblemente discriminadas: por tener un problema de salud mental y por aspectos como su género (especialmente las mujeres), el color de la piel, haber estado en un centro penitenciario, su nivel socioeconómico, etc. 

Derecho a ser reconocidas iguales ante la ley y a acceder a la justicia

Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios de justicia y a ser tratados iguales ante la ley.

Este derecho implica, entre otros aspectos, poder tener propiedades o heredarlas, conocer cuáles son sus bienes económicos y gestionarlos, pedir créditos, hipotecas y otros servicios financieros, y poder declarar como testigos en actos judiciales. 

Derecho a la información

Todas las personas tienen derecho a recibir información suficiente, completa y comprensible. 

En el ámbito de la salud mental, tienen derecho a recibir información sobre:

• El diagnóstico: qué significa, posibles causas, pronóstico y posibilidades de recuperación.
• Alternativas de tratamientos existentes (y sus efectos) y recursos de apoyo comunitarios.
• Sus derechos.
• Los procedimientos usados en los ingresos, especialmente en los involuntarios.
• Los riesgos que pueden comportar los ensayos clínicos (y otros estudios).
• Las ayudas disponibles: económicas, de vivienda, sociolaborales, etc.

Las personas también tienen derecho a que informen, asesoren y acompañen a sus familias y su entorno cercano, para que puedan apoyar en el día a día a la persona que tiene el problema de salud mental, especialmente cuando se encuentra en una situación de crisis, y mejorar la convivencia. 

Derecho a la libertad de expresión y opinión

Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente y a comunicarse de la manera que elijan. 

Expresar sus opiniones, necesidades y preferencias es básico para el empoderamiento y la recuperación de la persona, para que pueda tomar el control de su vida, a la vez que promueve el respeto de otros derechos y hacer evidentes situaciones de discriminación. 

Todo esto también implica que las personas con problemas de salud mental puedan tener medios para hacer reclamaciones en los servicios asistenciales y para participar de forma activa en la mejora de estos servicios y de los procedimientos. 

Derecho a decidir libremente

Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones libremente en todos los ámbitos de su vida.

Implica decidir sobre aspectos de su cotidianidad (dónde y con quién vivir, tener o no pareja, hijos, etc.). Pero decidir cómo quieren vivir a veces se ve limitado por la falta de recursos y de alternativas de apoyo a la vida independiente, y también porque la familia y los equipos profesionales que las atienden, aunque de forma bienintencionada, a veces toman algunas decisiones en nombre de la persona. 

Las personas con problemas de salud mental también tienen derecho a decidir sobre el tratamiento que reciben. Para que esto sea posible, no solo es necesario el asesoramiento de los equipos profesionales, sino también que haya alternativas al tratamiento farmacológico y al ingreso.

Su capacidad de tomar decisiones a veces puede verse afectada por el problema de salud mental, pero no de forma permanente ni absoluta, sino excepcional. Incluso en los momentos en que experimentan crisis graves, debe protegerse y garantizarse su derecho a decidir. Por eso, es necesario hacer todo lo posible para que la persona conserve su capacidad jurídica, disponga de los apoyos en la toma de decisiones que pueda necesitar en cada momento (por ejemplo, el asistente personal) y haga uso de garantías como la Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA). 

Derecho a vivir una vida independiente, a ser incluidas en la sociedad y a trabajar

Todas las personas tienen derecho a tener una vida autónoma, independiente y normalizada, a una completa inclusión en la comunidad y a disponer de servicios de apoyo a su autonomía que permitan que así sea.

Los pilares de la vida independiente, en nuestro sistema social, son la educación, el trabajo y la vivienda. No disponer de recursos de promoción de la autonomía lleva a la persona a depender de la familia y de la red de servicios de salud mental de forma cronificada.

Algunos de estos apoyos pueden ser: 

• Ayudas económicas.
• Programas residenciales y de vivienda adaptados.
• Servicios de atención a domicilio.
• Servicios de inserción social y laboral (en el mercado laboral ordinario) o de trabajo protegido.

El voluntariado inclusivo, es decir, que no discrimina por motivos de salud mental, puede ser una buena oportunidad de desarrollar una actividad no laboral y de alto valor para la sociedad, y una forma de formar parte.

Derecho a la confidencialidad y a la intimidad

Todas las personas tienen derecho a que se respete su intimidad y privacidad.

Respetar su confidencialidad, privacidad e intimidad es especialmente importante en los contextos asistenciales: confidencialidad de la información revelada durante la terapia y de la historia clínica e intimidad en los servicios de atención intensiva (privacidad de los espacios y posibilidad de comunicarse con el exterior).

Derecho a la protección contra la tortura y otros tratamientos crueles

Todas las personas tienen derecho a la libertad y la seguridad, y también a no recibir tratamientos crueles, a no ser torturadas, maltratadas ni humilladas.

No pueden ser explotadas, sufrir abusos ni violencia (en especial las mujeres y las niñas), y deben poder disponer de servicios que las protejan y de ayudas para su mejora (física y psicológica).

Tampoco pueden ser privadas de libertad sin causa legal, ni ser objeto de prácticas asistenciales coercitivas de forma arbitraria. Algunas de estas prácticas que pueden ser contrarias a los derechos de la persona son el ingreso involuntario, las contenciones mecánicas, las reclusiones o el aislamiento no justificados, la medicación forzosa y la sobremedicación.

Eliminar la coerción y que los cuidados a la persona se articulen en torno a sus derechos mejora el bienestar de todos, tanto de la persona atendida como de su entorno, y requiere una transformación de los recursos y servicios.

Todas las personas, así como las que tienen problemas de salud mental, tienen derecho a:

• Derecho a la salud (física y mental) del más alto nivel posible.
• Derecho a un nivel de vida adecuado y a protección social.
• Derecho a la educación.
• Derecho a la  participación política y en la vida pública.
• Derecho a la participación en la cultura, el ocio y el deporte.