El subterráneo de la crisis social post COVID-19

Cuando estalló la pandemia de la COVID-19, las organizaciones que trabajamos en el ámbito social ya intuíamos las graves consecuencias que de podían derivar más allá del impacto en la salud de la ciudadanía. Las vidas de muchas personas han quedado impactadas en aspectos vitales o han hecho empeorar situaciones sociales, laborales y personales que eran precarias.

Basta con revisar los datos que nos van llegando sobre el contexto social actual para darnos cuenta de este empeoramiento de la situación anterior a la pandemia y entender, claramente, que estas condiciones sociales impactan directamente en la salud mental de las personas.  Esta relación entre los condicionantes sociales y la salud mental ha estado siempre presente como un factor de causa-efecto, pero cuando la sociedad sufre un bache de este tipo es cuando se evidencia con más claridad.

El reto social que nos deja la pandemia

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A modo de ejemplo, hemos visto aumentar la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña del 23,6% del 2019 al 26,3% el 2020, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Otro dato que corrobora el Informe Anual de la Desigualdad de Oxfam Intermón, que cifra en 120.000 las personas empujadas a la pobreza en Cataluña a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia y más de 1,1 millones de personas que viven con menos de 24 euros al día, lo que se conoce como pobreza relativa.

El riesgo de pobreza o exclusión social es como una cadena de eventos que, como si se tratara de un domino, hace caer las piezas que garantizan la estabilidad vital de las personas: pérdida de lugar de trabajo o precariedad laboral, acceso a los recursos de salud, acceso a la vivienda, etc.

Y en este contexto también constatamos con preocupación como la salud mental de la población empeora. Los informes y los datos no han parado de llegar en este sentido. El Hospital de Terrassa, por ejemplo, ha atendida un 17% más de personas con problemas de salud mental de enero a septiembre del 2021 que en el mismo tramo de 2020. O el incremento del 47% de los niños y adolescentes atendidos en urgencias del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en el primer trimestre del 2021 en comparación con el mismo período del año anterior.

¿Qué relación tiene la pobreza con la salud mental?

La pobreza o el riesgo de exclusión social y los problemas de salud mental son problemas comunicantes. La salud mental de las personas en situación de vulnerabilidad empeora a medida que su situación social no mejora. Cuando una familia o una persona no puede garantizar sus necesidades básicas, se encuentra en riesgo de perder su vivienda o tiene trabajos precarios, empeora su salud física y mental.

El peso de los determinantes sociales en el derecho a la salud

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Por este motivo es tan importante idear soluciones que tengan en cuenta los problemas estructurales de la sociedad, como la precariedad y la pobreza, a la hora de abordar la atención a la salud mental de la población, para no desviar la atención de las causas reales del problema ni individualizar una problemática que es común.

La necesidad de dotar de más recursos la atención de la salud mental es un terreno común a nivel global, pero hay que ver cómo se aplica una mirada que debería contemplar los recursos sanitarios pero también medidas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda, los suministros básicos, el trabajo digno o la igualdad de oportunidades educativas. Los determinantes sociales tienen un peso muy importante sobre la salud de las personas y parece evidente que requieren políticas específicas.

Si ponemos la mirada en nuestro entorno más próximo, estos determinantes sociales podrían mejorar si se empezase a trabajar en cuestiones como:

• Garantizar que el ingreso mínimo vital llegue a todas las personas que lo necesitan.
• Poner en el centro de las políticas sociales el derecho a la vivienda y no renunciar a medidas que pueden atenuar la dificultad del acceso a la vivienda, como ha pasado con el anteproyecto de la nueva Ley por el derecho a la vivienda del Estado español, que, al no regular los alquileres en una situación de emergencia habitacional, que aboca a miles de personas a la exclusión residencial.
• Impulsar políticas que generen la creación de lugares de trabajo de calidad especialmente para las mujeres y los jóvenes, más formación, más ocupación de calidad y disminuir la contratación temporal y parcial, entre otras medidas.
• Combatir la segregación escolar para evitar más atrasos en la protección de las oportunidades educativas de muchos niños y jóvenes.
• Modificar leyes como la de extranjería que deja las personas migrantes en una situación administrativa irregular y las adentra en la pobreza y la exclusión.
• Invertir en los servicios sociales territoriales, en los planes de barrios, el asociacionismo vecindario… porque son servicios de proximidad a la ciudadanía, generadores de red y de comunidades de acogida.

En conclusión, la pobreza no se puede patologizar ni individualizar y para combatirla hay que exigir determinación política y recursos a largo plazo. Trabajar por un pacto con todos los agentes para luchar contra otra pandemia, la de la pobreza, que reduce la esperanza de vida, provoca sufrimiento en aquellos y aquellas que la sufren y que nos aleja de una sociedad justa e igualitaria.